El Gobierno aprueba la ley trans: "Podrán ser quienes son"
El texto reconoce el derecho a la libre determinación de la identidad de género y deja de considerar enfermas a las personas trans
Madrid
El Ministerio de Igualdad ha llevado este lunes la ley trans al Consejo de Ministros en segunda vuelta con algunas modificaciones técnicas respecto al texto inicial, con lo que reconoce la libre determinación del género y deja de considerar enfermas a las personas trans. Así, el Gobierno ha aprobado esta norma en la víspera del Orgullo LGTBI y un año después de que ya diera luz verde al anteproyecto tras unas largas y difíciles negociaciones dentro del Gobierno de coalición. "Es una ley muy importante que viene a seguir con el camino que inicio el gobierno en 2005 con el matrimonio entre personas del mismo sexo", ha explicado la ministra portavoz, Isabel Rodríguez.
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El texto será remitido ahora al Congreso. "El Estado les reconoce el derecho de ser quienes sin tener que someterse a un proceso de hormonización ni necesitar un certificado médico. Se realizará en un plazo máximo de cuatro meses y se hará una doble comparecencia. Podrán ser quienes son", ha expresado al ministra de Igualdad, Irene Montero. Se reconoce así el derecho a la libre determinación de la identidad de género.
La ley contempla que los jóvenes entre 16 y 18 pueden ir al registro para hacer el cambio. Entre 14 y 16 años, se requiere una autorización de los progenitores. Entre los 12 y 14 años se hará a través de expedientes y por debajo de 12 años, los niños tendrán derecho a cambiar su nombre en el DNI. "Los trans migrantes tienen muchas dificultades añadidas y podrán cambiar los documentos expedidos en España si en su país no se lo reconocen", ha explicado Montero. Los niños serán llamados en los colegios por el nombre elegido. "El orgullo LGTBI hace de España un país mejor, un país más libre y más democrático", ha dicho la ministra Montero.
"Se prohíben las terapias de conversión. Las vidas LGTBI no necesitan ninguna cura, lo que necesita cura, en todo caso, es la LGTBIfobia", ha dicho Montero. Además, se potencia la educación en materia de sexualidad.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño (i); la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno Isabel Rodríguez (c) y la ministra de Igualdad, Irene Montero (d) durante la rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, este lunes en La Moncloa. / J.J.Guillen
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros ha explicado que el Gobierno ha cambiado la denominación del Ejército del Aire por el Ejército del Aire y el Espacio. "Hace visible el esfuerzo que estamos haciendo por adaptar la defensa de nuestro país a los nuevos desafíos", ha dicho la portavoz.
El Consejo de Estado aprobó el pasado jueves su informe del anteproyecto que se hará público cuando la ley se envíe a las Cortes; además Igualdad cuenta desde finales de abril con el del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que pidió elevar a 18 años la posibilidad de cambiar de sexo en el Registro sin aval judicial.
El texto de Igualdad establece que el cambio de sexo registral se podrá realizar a partir de los 12 años: entre 12 y 14 años se necesitará aprobación judicial; entre 14 y 16, la asistencia de padres o tutores; y a partir de los 16 no habrá limitación alguna. El órgano de gobierno de los jueces consideró loable la finalidad de la ley, evitar la discriminación de los colectivos trans y LGTBI, pero alertó de que, si no se precisaba, las mujeres podrían salir perjudicadas en ciertos ámbitos, como el deportivo o las pruebas físicas para acceder a determinadas profesiones.
La ley 'despatologiza' a las personas trans, de forma que la voluntad de la persona será el único requisito para el cambio, acabando así con los informes médicos y la necesidad de tutelas médicas y legales. Además prohíbe las terapias de conversión. Modifica el Código Civil para que las mujeres lesbianas y bisexuales puedan proceder a la filiación de sus hijos sin necesidad de estar casadas y, entre otras cosas, contempla un régimen de infracciones y sanciones que invierte las reglas relativas a la carga de la prueba cuando se trate de discriminación al colectivo LGTBI.
